Unidos por la educación: Las voces y las calles por el futuro del financiamiento universitario

Más de cien mil personas se unieron para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo.

Poco antes de las 12 horas la comunidad de la FAMAF, en la entrada al edificio, comenzó a prepararse para la Marcha: banderas, stencils, redoblantes y consignas. Rigurosa foto sobre la fachada de la Facultad y comienzo del recorrido. La primera parada fue el Monumento a los Reformistas, momento de cercanías donde todos los sectores y claustros pusieron entre paréntesis sus jerarquías para encolumnarse en torno a un objetivo social común.

A su vez, en la cabecera de la Marcha, las autoridades de la FAMAF, el Dr. Pedro Pérez y la Dra. Romina Arroyo, junto a sus pares de otras unidades académicas, lideraron el trayecto hacia el escenario ubicado en Hipólito Irigoyen y Obispo Trejo.

Lentamente, el conglomerado humano fue creciendo y tomando color. Grupos de estudiantes con tambores y redoblantes, imponían el pulso a la caminata. Un collage de carteles iban marcando las identidades institucionales atravesadas no pocas veces por bengalas. En muchas de las paradas se escuchó el Himno Nacional Argentino surgido espontáneamente del sentir nacional de los participantes, conscientes de la encrucijada que se estaba jugando a 700 kilómetros de distancia.

Poco antes de las cuatro de la tarde, en el escenario de destino, se leyó un documento

consensuado por la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), el Frente Sindical y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la voz de Inés Pastorino, Leticia Medina y Constance Keegan, representantes máximas de las organizaciones.

A las 17:15, en la Cámara de Diputados de la Nación, por más de dos tercios de los presentes, se rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo.

Ley de financiamiento educativo, principales aspectos

Gastos de funcionamiento

  • Que las partidas presupuestarias destinadas al Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” sean definidas para asegurar al ingreso, permanencia y “terminalidad” de estudiantes.
  • Garantizar condiciones institucionales, equipamiento, infraestructura, mantenimiento.

Salarios docentes y no docentes

  • Se encarga de actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, al menos con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Obliga que las sumas no remunerativas y bonificables sean incorporadas a los básicos de las convenciones colectivas.
  • Establece que los aumentos salariales deben ser remunerativos y bonificables.

Actualizaciones presupuestarias

  • Se planteaba actualizar al 1° de enero de 2025 los gastos de funcionamiento universitario correspondientes a varias actividades (14, 15, 16 y 25 del Programa 26) conforme a la variación acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024.
  • Actualización bimestral de esas partidas para todo 2025 según IPC.

Becas y programas de investigación

  • Recomposición de todas las becas estudiantiles por variación del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
  • Incremento progresivo de los beneficiarios de programas de becas acorde con la matrícula universitaria (y preuniversitaria) pública.
  • Destinar partida especial para regularizar ingresos a carrera de investigador y becas para ingresantes y posdoctorales.

Control y transparencia

  • Auditoría General de la Nación (AGN) deberá realizar auditorías conforme al artículo 59 bis de la Ley 24.521, y presentar observaciones e informes al Congreso, con planes de seguimiento.

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